Kyoto y el crecimiento económico español

¡A quién se le ocurre! El Protocolo de Kyoto es bueno (aunque mejorable), es necesario y es viable, ¡pero cada cosa a su momento!

En los años 1993-94 España iniciaba el camino hacia su inclusión en la Unión Monetaria Europea (UME), la cual se hizo efectiva en el 2002 con la implantación del Euro. Para ello, la Comunidad Económica Europea le marcó los vectores sobre los que el Gobierno debía incidir: Reducir el Déficit Estatal, aumentar el crecimiento económico del país, elevar la productividad a largo plazo y estabilizar la inflación. Por tanto, España se encontraba en el inicio de un nuevo ciclo económico caracterizado por la aplicación de políticas monetarias del lado de la oferta que desencadenarían en una economía en expansión que se ha prolongado hasta la actualidad y que, según expectativas del gobierno se alargará, al menos, hasta 2008.

Pero ¿qué supusieron dichas políticas monetarias? Entre otras, se iniciaron reformas estructurales en el mercado laboral que ofrecían mayores poderes a los empresarios frente a los sindicatos y los empleados, facilitando así la creación de empleo a expensas de un menor sueldo de los trabajadores y una mayor libertad en la gestión de los recursos humanos. Consecuencia: surgen las ETTs y proliferan los llamados “contratos basura” y la precariedad laboral. Pero por contra, y es lo que realmente interesante, el nivel de desempleo disminuye, por lo que, aunque baja el sueldo medio de los empleados, había crecido la renta per cápita (un mayor número de familias pudieron incrementar su consumo privado), y, lo que es aún más interesante, los costes de las empresas habían bajado, teniendo la oportunidad de invertir, crecer y aumentar su productividad. Y así fue.

A esto debemos unirle la implantación de leyes de protección de la competencia. Esto es: se fomentó la inversión de las empresas en aras a una diferenciación y mejora del resultado de sus actividades. Consecuencia: los productos y servicios ofertados por las empresas eran cada vez más variados y atractivos a un público que, poco a poco, pasaba de ser un mero espectador de su entorno, a ser el principal protagonista y promotor de las actividades industriales. Se daban poderes a un mercado que iría siendo cada vez más exigente y consumista.

Pero el crecimiento económico, que proviene de un aumento en la demanda de bienes y en el afán de las empresas en aumentar sus productividades, ha venido acompañado de un aumento en la demanda energética en todas sus formas. Es por ello que la política energética española está orientada a favorecer los intereses económicos de las grandes compañías eléctricas. Y así lo refleja el Plan de Infraestructuras de Electricidad y Gas para 2002-2011, según el cual, se registrará un aumento de emisiones netas de 18 toneladas anuales de CO₂ , alejándose así del cumplimiento del Protocolo de Kyoto. Estos crecimientos a los que me refiero han llevado a un aprovechamiento ineficaz de la energía con infinidad de repercusiones negativas en el entorno.

Por tanto, y con todo, no es rocambolesco llegar a la conclusión de que con este escenario, la suscripción de un protocolo con el que se compromete a no superar niveles de emisión tan restrictivos era, cuanto menos, temeraria, para parte de un país en expansión.

En el momento en que España se compromete al cumplimiento de los niveles de emisión negociados en Europa, el novel económico del país estaba 22 puntos por debajo de la media europea, por lo que era coherente no permitir a nuestro país un aumento superior al 15%.

Quizá la valoración hubo que hacerla con mayor vista de futuro, pues si el crecimiento económico de los países compromisarios se ve afectado directa e indirectamente por el camino de cumplimiento del Potocolo, era evidente que se renunciaría a él en aras a la incorporación a la UME.