Desaparece el cheque bebé, bajan las pensiones y los sueldos de los funcionarios, en julio sube el IVA y en 2011 ya no es posible la deducción por vivienda habitual. ¿Es lógico?
Desde luego no forma parte de lo que uno considera medidas populares o con enfoque social. Mas bien lo contrario. Parece un deshacer el camino trazado hasta ahora, ¿no creéis? Sin embargo yo pregunto: ¿se os ocurren medidas anticrisis que no sean impopulares?
En todo caso aquí la cuestión es si todo esto, como dicen, no son más que soluciones improvisadas..y puede que sí lo sean, pero está claro que las presiones internacionales y del FMI valen más que lo que Zapatero o Rajoy puedan prometer. ZP quiere seguir perteneciendo a la moneda única y que deje de compararse España con la recién rescatada Grecia.
Volver a la peseta no es una solución, y está claro que hay que contentar a los dirigentes macro-económicos para que renazca la confianza en los mercados. De hecho, al cierre de la Bolsa, el IBEX ha registrado una caída a la espera de las valoraciones de Obama, el FMI y Trichet. De lo que aquí digamos, poco vale.
¿Injusto? Para los pensionistas si, que anualmente verán como se empobrecen al ritmo de la inflación.
¿Para los funcionarios? Pues a mi entender no. Que me perdonen, pero hay miles de personas y empresas que habrían preferido tener la opción de tener una rebaja salarial y apostar por la viabilidad de sus trabajos, antes de verse en el paro...que dicho sea de paso, es uno de los grandes culpables del déficit. En cambio, con el colectivo de funcionarios, no se puede sino aplicar rebajas del sueldo...¿o es que se creen ajenos a la crisis?
Y es que mientras nadie reforme el panorama laboral abaratando la creación de empleo, y controlando los sueldos ajustados a la productividad, todo el resto son parches...
¿Y de los bebés? La verdad, siempre me ha parecido una medida de despilfarro, que ni incentiva los nacimientos, ni paga una gran parte de los pañales...
Pero hay más. Este es el resumen de lo propuesto hoy por el presidente (fuente: El País):
La propuesta pretende ahorrar 5.000 millones más en 2010 (hasta los 10.000) y un total de 10.000 en 2011. De ellos, 1.200 millones dependerán de comunidades y ayuntamientos. Prevé rebajar unas décimas la previsión del PIB para 2011.
- Reducir el sueldo de los funcionarios de forma proporcional un 5% de media en 2010 (sin llegar al 15%). Congelarlo en 2011. Al Gobierno, bajada del 15%.
- Suspender en 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.
- Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial de la Ley 40/2007.
- Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero.
- Revisar el precio de los medicamentos (no los de referencia) y adecuar las unidades del envase a la duración estándar del tratamiento (incluso con monodosis).
- Suprimir para nuevos solicitantes la retroactividad del pago por dependencia al día de la presentación, excepto si la tramitación supera el límite de 6 meses.
- Reducir 6.045 millones de inversión pública estatal para 2010 y 2011, y 600 millones de Ayuda Oficial al Desarrollo.
- No se verán afectadas la reforma laboral, la revisión del Pacto de Toledo y la reestructuración de las cajas de ahorro.
Lo que propone el PP
Las medidas planteadas en el Congreso por el Grupo Popular deberían reducir en 10.000 millones el gasto del Estado en 2010, a lo que se sumaría el recorte de comunidades y ayuntamientos.
- Suprimir inmediatamente la Vicepresidencia tercera del Gobierno (centrada en la vertebración autonómica y el cargo de Manuel Chaves) y los ministerios de Igualdad (Bibiana Aído) y de Vivienda (Beatriz Corredor).
- Fusionar el Ministerio de Educación (dirigido por Ángel Gabilondo) con el de Cultura (Ángeles González-Sinde); y el de Trabajo e Inmigración (Celestino Corbacho) con el de Sanidad (Trinidad Jiménez).
- Revisar todas las subvenciones públicas con el propósito de eliminar aquellas que no estén debidamente justificadas, y reducir las demás (incluidas las que corresponden a asociaciones empresariales, sindicatos y partidos políticos).
- Diseñar y adoptar un plan completo de reestructuración del gasto público que evite las duplicidades entre la Administración central, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos.
- Revisar todas las políticas y los programas de la Administración General del Estado.
- Llevar a cabo las reformas estructurales pendientes para consolidar la recuperación económica.