Reunificación de deuda: apretar sin ahogar

La proliferación de entidades de reunificación de créditos promovida por una situación de bonanza de los tipos de interés en el pasado que ha llevado a un crecimiento escalofriante del nivel de endeudamiento de las familias españolas, se ha visto también potenciada por los bancos y cajas, que han derivado a sus clientes hacia este tipo de servicios, viendo en ello la posibilidad de luchar contra los aumentos de la morosidad ("¿Quiere el banco mis ladrillos?").

Pues bien, tanta oportunidad ha hecho que las agencias de consumo hayan puesto sus ojos en posición rasgada de sospecha sobre estas entidades. La noticia: 46 de las 58 empresas de reunificación de deuda investigadas por la Agencia Catalana del Consumo han sido sancionadas por una suma total de 516.000 euros. La acusación: haber utilizado publicidad engañosa para la promoción de sus servicios bajo el lema "usted puede ahorrarse dinero".
No hay duros a cuatro pesetas, y los que sin cabeza se endeudaron por encima de sus posibilidades y sin evaluar los riesgos, no pueden esperar que ahora, y sin más, caiga la solución a sus problemas de liquidez. Bien, los problemas de liquidez sí pueden mejorarse, pero de ahí a "ahorrar" hay un contundente FALSO.

Estas empresas no son más que empresas de intermediación entre los bancos y los deudores, los cuales encuentran en sus servicios el modo de reducir sus cuotas anuales mediante la unificación de todas ellas. Pero el precio es elevado. Y es que para magia ya está Tamariz. Estas entidades lo único que hacen es "comprar" la deuda a los bancos, asumiéndola y creando un nueva con plazos más largos, reduciendo así el impacto mensual (mayor disponibilidad de dinero). Pero hay letra pequeña: hasta un 30% de interés sobre el capital prestado.

¿Ladrones? Si partimos del hecho que las necesidades no se crean, sino que se detectan y satisfacen, no debemos culpar sino al usuario de la proliferación de este tipo de negocios y, como mucho, al Gobierno, por la falta de regulación para la protección del consumidor.